AGOEC participó de la presentación y discusión internacional del documento “Sustancias químicas eternas (PFAS) y trabajadores de los servicios públicos”, elaborado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), un informe que aborda los riesgos laborales y ambientales asociados a la exposición a las denominadas sustancias químicas eternas.
La convocatoria a AGOEC reconoce el rol estratégico de nuestra organización como representante de las y los trabajadores de la gestión de residuos sólidos urbanos del Sur Global, uno de los sectores más expuestos —y a la vez menos visibilizados— frente a este tipo de contaminantes.
Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son compuestos químicos ampliamente utilizados en productos industriales y de consumo —como textiles, envases, espumas contra incendios y equipos de protección— que se caracterizan por su extrema persistencia ambiental, su capacidad de bioacumulación en el cuerpo humano y su asociación con graves efectos sobre la salud.
El informe advierte que la exposición prolongada a PFAS está vinculada a alteraciones hormonales e inmunológicas, problemas hepáticos y tiroideos, reducción de la fertilidad y mayor riesgo de distintos tipos de cáncer. Para quienes trabajan en la recolección, clasificación, reciclaje y disposición final de residuos, esta exposición resulta prácticamente inevitable, especialmente en contextos de informalidad y déficit en materia de seguridad y salud laboral.
Desde una perspectiva de justicia ambiental, el documento subraya que mientras la producción y el consumo histórico de estas sustancias se concentran en el Norte Global, los impactos más severos recaen sobre los países del Sur Global, donde los marcos regulatorios suelen ser más débiles y los sistemas de control insuficientes.
Asimismo, el informe plantea que la protección frente a los PFAS no puede recaer en la responsabilidad individual de los trabajadores. Señala obligaciones concretas para los Estados, los empleadores y las empresas productoras, promoviendo el principio de precaución, el criterio de “quien contamina paga” y políticas públicas que prioricen los derechos laborales, la salud y el ambiente.
La participación de AGOEC en este debate internacional reafirma que no hay transición ecológica posible sin trabajo decente, ni salud pública sin salud laboral, y que la gestión de residuos es un servicio público esencial que debe ser reconocido y protegido.
