La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó hoy, diciembre de 2025, las Directrices de política para la promoción del trabajo decente en el sector del reciclaje, aprobadas en la reunión del Consejo de Administración de noviembre. Se trata del primer instrumento internacional que reconoce de forma integral la necesidad de garantizar derechos laborales, protección social, seguridad y salud, y condiciones dignas para quienes trabajan en la gestión de residuos, incluidos quienes realizan tareas de recolección, clasificación, selección, recuperación y reciclaje.

✨El documento es el resultado de una intensa negociación tripartita global  llevada a cabo en Ginebra en mayo de este año—gobiernos, empleadores y trabajadores— en la que tuvimos el honor de integrar el grupo de expertos por el sector trabajador, llevando una mirada laboral, ambiental y latinoamericana a un debate marcado históricamente por la informalidad, la precariedad y la invisibilización del trabajo.

Un sector esencial, tradicionalmente precarizado

La OIT reconoce que el reciclaje y la gestión de residuos son actividades esenciales para la economía circular y para cualquier estrategia integral frente al cambio climático y la contaminación. Sin embargo, millones de personas realizan estas tareas en condiciones de altísima vulnerabilidad, expuestas a riesgos biológicos, cortes, aplastamientos, incendios, sustancias tóxicas, temperaturas extremas y violencia social.

Estas directrices suponen —por fin— un marco internacional que coloca a estos trabajadores donde siempre debieron estar: en el centro de la política pública ambiental, no en sus márgenes.

¿Qué establecen las Directrices?

Las nuevas Directrices marcan un camino claro para transformar el sector hacia el trabajo decente. Entre sus lineamientos principales destacan:

1. Formalización con derechos

Los Estados deben promover la integración formal de trabajadores de la gestión de residuos y reciclaje, con acceso a salario justo, seguridad social, vacaciones pagas, licencias y convenios colectivos.

2. Protección integral en seguridad y salud

Se incluye la obligación de implementar sistemas de prevención, infraestructura adecuada, provisión de elementos de protección personal, protocolos frente a riesgos biológicos, químicos, ergonómicos, de incendio y de fatiga térmica.

3. Diálogo social y representatividad

El proceso de formulación de políticas debe incorporar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, reconociendo el papel del sindicalismo en la transición ecológica.

4. Gestión ambientalmente responsable

El reciclaje no es un servicio accesorio: es una pieza del sistema de salud pública. Las directrices exigen que la gestión de residuos incluya criterios de protección ambiental, reducción de impactos, uso seguro de la tecnología y respeto por las comunidades.

5. Transición justa hacia la economía circular

Los cambios tecnológicos y de infraestructura deben planificarse asegurando empleo decente, reconversión laboral con derechos, participación de los trabajadores en la gobernanza y distribución justa de los beneficios ambientales y económicos.

Por qué esto es clave para el movimiento sindical y ambiental

Estas Directrices nacen en un momento crítico: la transición ecológica avanza a un ritmo desigual, y los sectores más pobres cargan los costos de un modelo que pretende ser “verde” pero podría reproduce desigualdades si no se corrige.

Para el movimiento sindical, este documento:

• Reconoce el valor productivo de quienes trabajan en la gestión de residuos, históricamente tratados como “informales”.
• Da herramientas para exigir políticas públicas robustas en municipios, provincias y países.
• Permite vincular la gestión de residuos con derechos laborales y salud pública, no solo con eficiencia o metas de reciclado.
• Alinea la transición ecológica con la justicia social, como exige la OIT desde la Declaración del Centenario.

De la norma al territorio: los desafíos que siguen

Las Directrices no se aplican solas. Exigen:

• Capacidad de incidencia sindical,
• Organización de los trabajadores del sector,
• Participación real en las políticas ambientales,
• Inversión pública en infraestructura sostenible,
• Regulación estatal frente a la privatización y la precarización,
• Integración entre salud pública, ambiente y trabajo.

Nuestro compromiso ahora es llevar esta herramienta a cada mesa paritaria, cada municipio, cada autoridad ambiental, cada cooperativa y cada espacio donde se decide el futuro del modelo de gestión del residuo.

Las Directrices son una base; el trabajo real empieza en el territorio.

Conclusión: un paso histórico hacia dignidad y justicia socioambiental

La publicación de estas Directrices marca un hito: por primera vez, la OIT reconoce formalmente que la gestión de los residuos y el reciclaje no es un “subsistema marginal”, sino una actividad laboral esencial para la sostenibilidad planetaria, que sólo es sostenible si es digna, segura y con derechos.

Nos enorgullece haber llevado la voz de los trabajadores al grupo de expertos que elaboró este documento.

Hoy celebramos este avance.
 Mañana empezamos a usarlo para cambiar la realidad.